¿Cómo llevarle energía a 431.000 viviendas  que no la tienen?

Después de alumbrar las zonas residenciales más adineradas de las ciudades, los talleres, las fábricas y el tranvía, el sector eléctrico creció a lo largo del siglo XX enfocado en dos criterios: aumentar la generación de electricidad y expandir la cobertura en las regiones donde se habían instalado las primeras plantas. Lógicamente, gran parte de la población no tenía acceso a la electricidad. De hecho, hasta que se aprobó el Plan Eléctrico de Lleras Restrepo no se hablaba de energizar las zonas rurales ni de construir un sistema eléctrico interconectado.

Poco a poco el acceso a energía se convirtió en un derecho social. Paralelo a los avances, el sector demostró sus equivocaciones: la dependencia al 100% en las hidroeléctricas, sumado a la creación de un monopolio estatal en torno a una sola empresa y la ineficacia en la prestación del servicio hizo imposible evitar los racionamientos cuando llegó el Fenómeno del Niño del 92. Además, el desbalance financiero había llevado al endeudamiento extremo; para 1990 el sector era responsable del 30% de la deuda externa.

El sistema eléctrico dio un viraje con la apertura económica impulsada por César Gaviria. El Estado de Bienestar pasó a ser financiado por fondos privados, que hicieron crecer la capacidad de generación y la potencia instalada al tiempo que aumentaba la demanda de energía. Al entrar en la década del noventa la red eléctrica se expandió, se sentaron las bases del paradigma actual y, por primera vez, la cobertura en el servicio de electricidad alcanzó al 85% de la población.

La expansión siguió hasta el año 2009, cuando la cobertura llegó al techo del 97% y se detuvo. Aunque se siguen ejecutando proyectos de expansión, la demanda no cesa de crecer y una década después, parecería que el país se “estancó” cuando estaba a punto de lograr la universalidad en el servicio. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 3.1% de las viviendas en el país no cuentan con servicio de energía eléctrica. Son 431.000 hogares obligados a llevar la mitad de sus vidas en la penumbra.

 El reto del nuevo gobierno

 Durante la campaña presidencial se habló mucho de las energías limpias, la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. Las energías renovables aparecieron en el horizonte como una solución al problema del acceso. Se dijo que allí donde la complejidad de la topografía elevaba los costos, o donde los impactos ambientales impidieran la conexión a la red, había que instalar paneles solares, turbinas eólicas o sistemas híbridos.

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Pero no se debe simplificar una situación que en la realidad es compleja. No solo por el monto de las inversiones requeridas en instalación y mantenimiento de estos sistemas, que muchos municipios o comunidades no pueden cubrir, sino porque hay un actor muy poderoso en las Zonas No Interconectadas (ZNI) que se beneficia del estado de cosas actual: el diésel.

 Las paradojas del sector

Desde que se eliminó la llamada contribución de solidaridad con la que las industrias ayudaban a financiar el costo de la electricidad, el Estado tiene la obligación de subsidiar parte del valor de la tarifa eléctrica para usuarios de los estratos 1, 2 y 3 . Los subsidios suponen un costo enorme para el gobierno, pues en esos estratos socioeconómicos se encuentra la población que vive en las ZNI, donde el costo promedio de generar un kWh es de $1.200 pesos, seis veces más caro que en zonas conectadas al sistema interconectado nacional (SIN).

Según la académica María José Nieto, en 2009 el índice de subsidios a cargo de la Nación fue el mayor en la historia, con una cifra anual de $1.809 millones de pesos, lo cual implicó, además de un desbalance financiero para el Estado, un gran déficit en la producción y la distribución eléctrica. Por otra parte, en 2015, para llevarle electricidad a 15.000 viviendas nuevas, se destinaron $187.659 millones de pesos según la Unidad de Planeación Minero Energética. A pesar de las inversiones millonarias, la meta de llevarle energía al 100% de la población se aleja como un espejismo en el desierto a medida que el Estado se acerca a ella, pues la demanda de energía aumenta en paralelo a los esfuerzos que se hacen para satisfacerla.

¿A dónde va a parar la plata?

Los fondos que la Nación destina usualmente son recibidos por empresas pequeñas o autoridades locales que lamentablemente no tienen la robustez para hacer una operación rentable y de la calidad deseada. En ocasiones, la cantidad de trámites administrativos puede facilitar la desviación del dinero que entra a borbotones y es susceptible de pasar por varias manos; se calcula que para operar una planta de diésel que alumbre un pueblo de tres calles se necesitan $3.000 millones de pesos al año.

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Otro elemento a tener en cuenta es la incidencia del conflicto armado en la cobertura. No es casualidad que el mapa de conectividad muestre que las zonas peor atendidas se corresponden con los municipios donde más se sintió la guerra entre 2002 y 2013. Para empeorar las cosas, la lógica actual dice que entre menos habitantes tenga una comunidad, el Estado le asigna un menor número de horas a la prestación del servicio, como si en Colombia vivir aislado fuera un delito.

Hace unas semanas en Vigía del Fuerte, el único municipio de Antioquia que no está interconectado al sistema, la comunidad reclamó en un paro cívico que la planta de diésel entregada por la Gobernación llevaba 4 meses sin funcionar. En la otra orilla del Atrato, a tiro de piedra desde Vigía, se encuentra Bojayá, el municipio chocoano que vivió una de las atrocidades más infames del conflicto armado.

Aunque Antioquia ha hecho 134 instalaciones de paneles solares para que todo el departamento cuente con energía, se mantiene en el 97% de cobertura. Lograr la universalidad no es cosa fácil, pero tampoco es imposible. El gran reto es lograr que las ZNI tengan acceso a una energía que le aporte al desarrollo de la comunidad. No se trata solo de llevar la energía para prender la televisión, sino de integrar su uso a la infraestructura social (educación, salud, recreación) y a las actividades productivas. La universalidad del acceso a energía no es un fin en sí mismo, sino un medio para que las comunidades encuentren caminos hacia el progreso.

 ¿Qué podría funcionar?

 Parece evidente que los peligros del diésel y el lento avance en cobertura llaman a un cambio de estrategia. El gobierno saliente calcula que para llevarles luz a esas 431.000 familias –“para completar la última milla en energización”– se requiere una inversión de $4.3 billones de pesos.  Han puesto una solución sobre la mesa: el 32% de esa demanda se cubriría expandiendo las redes del SIN, el 60% con sistemas aislados que operen con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y el 8% restante con sistemas híbridos.

Lo bueno es lo que funcione mejor en cada lugar. La energía solar tiene la virtud de ser modulable, un sistema sirve para alimentar a 1 usuario o a una red de 10. También es fácil de implementar: no requiere un estudio exhaustivo del recurso y los costos de mantenimiento son bajos.

La energía eólica, cuyo potencial va mucho más allá de La Guajira, sí requiere que antes de instalar una turbina se midan los vientos por un lapso mínimo de dos años. Sin embargo los costos de producción de kilovatio siguen bajando año tras año, lo mismo que los paneles solares.

En Colombia la biomasa es una fuente no convencional poco utilizada, pero con una enorme ventaja: este es un país que genera millones de toneladas diarias de desechos orgánicos que se pueden convertir en energía, en “waste to energy”. El potencial de la caña, el arroz o los maderables es enorme dado que sus desechos orgánicos representan más de la mitad del peso de la cosecha. La dificultad está en que se necesita mano de obra para las tareas de recolección, un lugar de almacenamiento y la maquinaria para transformar la materia en un biocombustible.

Por otra parte, la tarea de expandir las redes del SIN quedó en las manos de la nueva ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien coordinó el diseño de la ley de Alianzas Público Privadas y diseñó las matrices de riesgo para estructurarlas, lo que facilitó el progreso de las vías 4G.

 Los sistemas híbridos

 Estos sistemas aparecieron hace unos años y no solo han logrado reducir el costo de producción sino también ofrecen disponibilidad del recurso las 24 horas.  Se estima que el costo de generación eléctrica con un sistema solar fotovoltaico es de 0.08 usd/kWh, mientras que al utilizar diésel el costo es de 0.36 usd/kWh.

Lo que hace el sistema híbrido es generar electricidad con los paneles solares durante el día y utilizar la planta de diésel en la noche, cuando no hay radiación.

En Barranco Minas, un municipio en las entrañas de Guanía, el Ministerio de Minas y el Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas para las ZNI instalaron un sistema híbrido que aumentó el suministro de energía de 8 a 15 horas y disminuyó en 30% el uso de diésel. En total se benefician 1.200 personas. Es una señal muy positiva para los Llanos,  la región más atrasada en cobertura rural con 61%, dado que allí no se desarrollaron grandes proyectos de generación hidroeléctrica.

Otro caso exitoso de generación híbrida es el de Punta Soldado, una vereda en zona rural de Buenaventura. Allí un sistema solar-diésel con 288 paneles le brinda energía a 114 familias, en su mayoría sostenidas por la pesca. El diseño técnico fue liderado y financiado por USAID, Celsia y la Empresa de Energía del Pacífico. Lo más sobresaliente de este proyecto es que la comunidad tuvo –tiene– un rol central en el diseño y la operación. Instalaron un cuarto frío para refrigerar la pesca del día y crearon una junta comunitaria para encargarse de la sostenibilidad y la operación del sistema híbrido, que funciona con tarjetas prepago que deben adquirir los usuarios.

La legislación para incentivar con beneficios tributarios el uso de energías renovables ya está aprobada y reglamentada. Hace falta poner en marcha más proyectos que de la mano de los sectores privado, público y de la cooperación, ayuden a cumplir la meta del 100% de cobertura, pues no es imaginable que un pueblo madure sin luz.

 Eficiencia energética: solución complementaria

 Una mirada a la problemática del acceso a energía que requiere mayor atención es la de invertir en mejorar la eficiencia energética, ya que así cae drásticamente el gasto público en subsidios. El DNP calcula que el potencial de eficiencia energética en Colombia permitiría ahorrar unos 15 billones de pesos al año, con una mayor oportunidad en la electricidad, seguida por el diésel y la gasolina. Al respecto, un estudio publicado por la Universidad Tadeo Lozano dice que la industria mejoró su productividad por kW en un 21.5%, pero aun es superior a los demás países de la OCDE.

La entrada en vigor de las resoluciones que permiten la contratación de energía limpia a largo plazo confirma que esta será clave en la estrategia que tome el gobierno para lograr la universalidad en el servicio.