Según la organización ambientalista Sierra Club, para evitar las peores consecuencias del cambio climático hay que dejar enterrados en el subsuelo tres cuartas partes de los combustibles fósiles que allí se encuentran. De lo contrario, vendrá una avalancha de daños y perjuicios para todas las naciones.
Por nombrar solo un ejemplo, en cuanto a los perjuicios económicos, se estima que el sector inmobiliario de los Estados Unidos perdería 1,3 billones de dólares (Sierra Club) a causa del aumento en el nivel del mar y la variabilidad climática. Los huracanes, sequías e inundaciones se volverán eventos cataclísmicos. En América Latina, según el Banco Mundial, 17 millones de personas podrían convertirse en ‘migrantes climáticos’.
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Por eso, la transición energética ya es una realidad en muchos países. Incluso en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump niega la importancia del cambio climático, cada semana crece la capacidad instalada para generación de energía con fuentes renovables.
Así lo demuestra el movimiento del New Green Deal, que busca comprometer a gobiernos estatales, municipales y locales con la transición energética. Dos ejemplos recientes demuestran ese compromiso. El primero, un contrato adjudicado a una empresa española para construir dos plantas de generación limpia en el Estado de Nueva York y otro para suministro de energía, que juntas suman 170 Mega Vatios (MV).
Mientras tanto, en Colombia la ley 1715 de 2014 le dio la posibilidad a los generadores de energía limpia de empezar a diversificar la matriz energética del país. En el momento, a pesar del boom que atraviesa el país en generación de energía limpia, la capacidad instalada aún ronda los 50 MV. Es decir que a pesar de que se habla cada vez más de una transición energética, todavía hay muy pocas cosas en firme.
En la actualidad hay cerca de 300 proyectos –2.467 MV– en fase de estudios. En fase tres, listos para comenzar a construirse, hay únicamente una veintena de proyectos inscritos en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). La subasta de energía a través de contratos de largo plazo que se llevará a cabo el 26 de febrero espera cambiar eso, pues el objetivo es alcanzar la meta de 500 MV de capacidad instalada para 2020.
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Las calamidades que se han visto como consecuencia de los problemas de Hidroituango dejan claro que el país debe revaluar si su matriz energética basada en hidroeléctricas es verdaderamente limpia. Colombia aún tiene un potencial hidroeléctrico por desarrollar que alcanza 56.000 MV. Suena prometedor. Pero hay que analizar los impactos que estos proyectos tendrán sobre el recurso hídrico, las poblaciones y los ecosistemas. Con proyectos solares y eólicos de muy bajo impacto se puede instalar la misma capacidad de generación en un solo departamento: La Guajira.
