Los buques que atracan en el puerto de San Andrés parecen todos iguales. Camajanes de acero que se agolpan al muelle uno detrás de otro. Si acaso, por sus brazos metálicos, se pueden distinguir los barcos pesqueros, una especie en vías de extinción. Hay otros que traen víveres y carnes indispensables a las islas. También los hay repletos de productos chinos para abastecer los supermercados. Pero hay uno sin el cual la vida en el archipiélago volvería al pasado, cuando la llegada de los navíos se anunciaba con el soplo de un caracol y todos en la isla se saludaban por su nombre.
Cada vez que aparece en el horizonte el buque cargado con toneladas de diésel marino, sin haber derramado una gota del preciado combustible en el trayecto desde la central de Ecopetrol en Cartagena, se renueva la tranquilidad de unas cuantas personas que saben que de ese barco, una especie de dios mensajero que atraviesa las fronteras azules de Colombia, esquivando tempestades y cayos, depende que haya luz en la isla.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que se requieren cerca de 15 millones de galones de diésel al año para operar las dieciocho unidades de generación distribuidas alrededor de San Andrés (en Providencia, donde hay cuatro unidades, se usa cerca de un millón de galones). Lo que significa que el ir y venir de ese capitán abnegado con su tripulación silenciosa, la travesía de ida y vuelta para traer la materia prima de la vida como la conocemos, es constante y no se puede demorar más de la cuenta.
Esa labor implica grandes costos, en primer lugar, ambientales. El archipiélago, uno de los rincones más bellos, frágiles y sobrepoblados que tiene Colombia, produce alrededor de 142.492 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Económicos también. Informa la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) que el costo unitario del kilovatio/hora para noviembre de 2018 fue de $918 pesos, casi 40% más que en el territorio nacional. Según estudios de diagnóstico que hizo la entidad, la producción y transporte del diésel tiene un valor que oscila alrededor de los $5.751 pesos por galón puesto en la planta de generación en San Andrés. Para que llegue a Providencia hay que sumarle otras 50 millas náuticas al costo del flete.
Esto repercute en las finanzas, no solo de los consumidores, sino del Gobierno Nacional, que debe subsidiar la generación y el servicio de la energía a estratos 1,2 y 3 por tratarse de una Zona No Interconectada (ZNI) a la red. En números gruesos, el mismo estudio del BID estima que el archipiélago recibió más de US$100 millones entre 2012-2016 por subsidios que entregó el Gobierno Nacional, cerca del 40% del total de subsidios otorgados por este concepto en todo el país. Una carga fiscal demasiado alta como para serle indiferente.
Casi una década de diagnósticos y consultorías han llevado finalmente a implementar un programa piloto de eficiencia energética en el archipiélago con el objetivo de utilizar menos energía para brindar el mismo servicio, reduciendo el gasto de los usuarios y del Estado. Se ha identificado que gran parte de la tecnología que se encuentra en las islas es obsoleta, se trata de neveras, bombillos y aires acondicionados gastados e ineficientes, y que los hábitos de consumo de los isleños podrían mejorar. Por estas dos razones un usuario residencial en el archipiélago consume casi el doble de energía que uno en el continente.
Por ejemplo, los bombillos incandescentes que se pueden ver desde la calle en un paseo nocturno por la isla consumen entre dos y ocho veces más energía que una luminaria led. Ni hablar de neveras o aires acondicionados, pues los nuevos equipos son hasta un 30% más eficientes. Según estudios de diagnóstico de la UPME correspondientes al año 2012, hay aproximadamente 22.000 usuarios formales del servicio de energía eléctrica en las islas (2.000 de ellos en Providencia). Su participación y consumo se distribuye de la siguiente manera:
Mientras entran en funcionamiento plantas generadoras de energía que aprovechen las fuentes renovables como la radiación solar o el viento, hay un gran potencial para que los isleños, no importa de qué grupo social, reduzcan el consumo cambiando de hábitos y tecnología. La UPME estima que implementando buenas prácticas y sustituyendo refrigeradores domésticos se podría ahorrar entre un 25% y 35% de energía. Al Estado le supondría un ahorro estimado en USD$1.179.813 y a la atmósfera dejar de recibir 5.000 toneladas anuales de (CO2). En el sector comercial/hotelero, la sustitución de aires acondicionados por equipos más eficientes podría generar otro 30% de ahorro en el consumo. La tarea es inmensa, pero el apoyo viene en camino.
Artículo publicado en el periódico impreso El Isleño, 15 de julio de 2019
