La energía rara vez ocupa el centro de la conversación pública. Está ahí, funcionando, sosteniendo la vida cotidiana sin pedir atención. Solo cuando se interrumpe —o cuando se convierte en instrumento político— aparece en los titulares. Y es precisamente en esos momentos cuando conviene bajar el volumen, respirar y mirar con cuidado.
La reciente decisión de Colombia de suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador exige ese ejercicio. No indignación automática. No aplausos apresurados. Análisis.
El Gobierno ha explicado la medida como una acción preventiva, sustentada en criterios técnicos, orientada a proteger la soberanía energética y a anticiparse a los riesgos asociados a la variabilidad climática. En abstracto, el argumento es válido. Garantizar el abastecimiento interno es una obligación indelegable del Estado. Nadie sensato lo discute.
El problema no es la medida en sí. El problema es el momento, la forma y la narrativa.
El dominó de Donald Trump
Lo que ocurre entre Colombia y Ecuador no puede leerse en aislamiento. Hace parte de un clima global más áspero, más corto de miras, en el que la política internacional ha vuelto a girar alrededor del castigo, la amenaza y el repliegue.
Donald Trump no inventó esa lógica, pero la legitimó y la convirtió en espectáculo. Aranceles como gesto de poder. Comercio como arma. Relación internacional como pulso permanente. Ese precedente quedó instalado. Y hoy empieza a replicarse, con variaciones locales, en regiones que no pueden darse ese lujo.
El anuncio del arancel del 30 % por parte del Gobierno de Ecuador, y la reacción inmediata de Colombia, responden a esa misma gramática. La suspensión de exportaciones eléctricas se inscribe ahí: más que una decisión aislada, es una ficha dentro de un tablero político contaminado por la lógica del enfrentamiento.
La paradoja es evidente: se habla de soberanía mientras se debilita la integración; se invoca la técnica mientras se actúa desde la coyuntura.
El clima no sorprendió a nadie
El fenómeno de El Niño no apareció esta semana. No nació con un arancel ni con una crisis diplomática. Está documentado, modelado y anunciado desde hace años.
La vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano frente a eventos climáticos extremos ha sido advertida de manera reiterada por el IDEAM, por el operador del sistema y por múltiples análisis sectoriales. No es un cisne negro. Es un patrón conocido, cada vez más intenso y más frecuente.
Colombia sigue dependiendo de manera estructural de la hidroelectricidad. Esa dependencia ha sido, históricamente, una fortaleza. Pero también es un límite. Cuando las lluvias fallan, el margen de maniobra se reduce y el sistema entra en una zona de tensión que no admite improvisaciones.
Nada de esto tiene relación directa con Ecuador. Todo esto se sabía.
Técnica y política: planos distintos
Decir que la suspensión de las exportaciones se basa en análisis técnicos no es falso. Lo problemático es utilizar esos análisis como argumento único para justificar una decisión que también tiene un componente político evidente.
La técnica explica la fragilidad. La política explica el momento.
Confundir ambos planos —o fundirlos deliberadamente— no fortalece la soberanía energética. Por el contrario, debilita la confianza pública y erosiona la credibilidad de las instituciones que deberían liderar la transición con rigor y coherencia.
El sistema eléctrico no se protege con comunicados. Se protege con planificación de largo plazo, con expansión oportuna de la generación, con redes de transmisión robustas y con señales claras para la inversión en fuentes complementarias y en flexibilidad.
Discurso renovable, práctica contradictoria
Aquí la discusión exige honestidad.
El presidente Gustavo Petro ha hecho de la transición energética uno de los ejes centrales de su discurso político, dentro y fuera del país. El mensaje es ambicioso y, en el fondo, necesario: energías renovables, descarbonización, justicia climática.
Sin embargo, el contraste entre discurso y ejecución es evidente.
Persisten retrasos en proyectos estratégicos de generación y transmisión. Las señales regulatorias han sido cambiantes. La relación con el sector privado —clave para escalar renovables— ha estado marcada por desconfianza y ambigüedad. Y en varios casos, decisiones políticas han terminado ralentizando, cuando no obstaculizando, la implementación efectiva de las mismas energías limpias que se exaltan en los escenarios internacionales.
No se trata de negar avances. La entrada de nueva capacidad solar es real y valiosa. Pero no alcanza para sostener una narrativa triunfal. Una transición energética no se mide por declaraciones, sino por megavatios firmes, redes listas y reglas estables.
Cuando se promete transformación y se entrega incertidumbre, la frustración se instala. Y cuando esa frustración se disfraza con retórica técnica, la sensación pública es clara: no se está diciendo toda la verdad.
Poner el dedo en la llaga
Decir esto no es oponerse a la transición. Tampoco es desconocer la urgencia climática. Es, precisamente, tomársela en serio.
Estamos cansados de diagnósticos parciales, de explicaciones que cambian según la coyuntura y de narrativas que subestiman la inteligencia del ciudadano. El país no necesita que le digan que todo está bajo control. Necesita que le digan qué no lo está, y qué se va a hacer al respecto.
Suspender exportaciones puede ser una medida válida en un contexto específico. Usarla como cortina para evitar una conversación más profunda sobre la fragilidad del sistema y la lentitud de la transición es una oportunidad desperdiciada.
La pregunta que importa
Más allá del cruce diplomático, la pregunta central sigue siendo la misma:
¿Qué se está haciendo, de manera concreta y verificable, para reducir la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico colombiano?
No basta con reaccionar. No basta con señalar hacia afuera. Hace falta una hoja de ruta explícita: diversificación real de la matriz, aceleración de proyectos, fortalecimiento de la transmisión, incorporación de almacenamiento y una gestión moderna de la demanda.
Sin esa conversación franca, el riesgo es evidente: que decisiones coyunturales sigan ocupando el lugar de políticas estructurales.
La factura que siempre llega
En energía —como en tantas decisiones públicas— la factura nunca desaparece. Solo cambia de fecha.
No la pagan quienes toman la decisión ni quienes la anuncian en un atril. No la asumen quienes redactan el comunicado ni quienes convierten la coyuntura en relato. La factura, casi siempre, termina en el mismo lugar: en los hogares, en las empresas, en los territorios; en la gente.
Cuando la planificación falla, el costo se traduce en tarifas más altas, en racionamientos, en incertidumbre productiva, en oportunidades perdidas. Y cuando esa falta de planificación se disfraza con discursos de soberanía, de urgencia o de épica política, el daño es doble: material y simbólico.
Porque el pueblo —al que todos dicen defender— no necesita gestos grandilocuentes ni enemigos externos. Necesita sistemas que funcionen, decisiones honestas y políticas que miren más allá del titular.
La energía no castiga. La energía cobra.
Y siempre cobra a quienes menos margen tienen para pagarla.
Juan Daniel Correa Salazar
Energía Limpia
Fuentes y referencias
- IDEAM – Informes sobre variabilidad climática, fenómeno de El Niño y proyecciones hidrometeorológicas.
- XM – Operador del Sistema Interconectado Nacional: reportes de generación, niveles de embalses, confiabilidad y balance energético.
- UPME – Planes de expansión de generación y transmisión eléctrica en Colombia.
- Reuters – Cobertura sobre tensiones comerciales, aranceles y efectos regionales en energía e integración.
- El País (España) – Análisis sobre comercio, energía e integración regional en América Latina.
- El Tiempo (Colombia) – Contexto noticioso sobre la suspensión de exportaciones de energía a Ecuador y declaraciones oficiales.
