Ahora que los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en auge, el acceso a energía es una prioridad a nivel mundial. En Colombia, es clave para avanzar en la construcción de paz.
Más de 1.100 millones de personas en el planeta no cuentan hoy con acceso a electricidad. En el país, esta carencia afecta alrededor de 470.000 viviendas, que representan más de 2,3 millones de personas, según cifras del gobierno. Esta población vive en su mayoría en zonas rurales de difícil acceso.
Se estima que se requieren $5 billones de pesos para que en todo el territorio haya energía disponible, bien sea extendiendo las redes eléctricas o implementando soluciones aisladas. Pero esto no le solucionaría el problema a las poblaciones que hoy en día cuentan con energía solo por algunas horas al día con plantas diésel, o las que tienen interrupciones constantes en el servicio debido a la lejanía de las centrales de generación o subestaciones eléctricas.
Al cruzar un mapa de las zonas sin acceso a energía o con baja calidad del servicio, con uno de territorios donde históricamente se ha concentrado el conflicto armado, encontramos una gran convergencia. Y no es ninguna casualidad, sino un reflejo más de la desigualdad social motivada por la baja gobernabilidad que desde tiempo atrás han tenido estos territorios y que hoy en día se reconoce como una de las causas del problema. Así lo demuestra el informe de la Colombia rural de la revista Semana.
Allí donde el nivel de gobernabilidad se refleja en la carencia de energía, donde la desigualdad se hace evidente en un servicio de mala calidad, es donde las energías renovables pueden jugar un papel importante. No solo por sus beneficios ambientales sino por la contribución que pueden tener en la construcción de paz en los territorios.
Por regla general las comunidades aisladas han sido atendidas con sistemas diésel complejos de operar, porque están sujetos a la asignación o “rebusque” de recursos para compra de un combustible caro y porque requieren de un mantenimiento intensivo. En un escenario de conflicto y/o corrupción, muchas veces los recursos (en plata o en combustible) terminan destinados a “otros propósitos”, deslegitimando las acciones del Estado.
Los sistemas de energía renovable, la solar por ejemplo, requieren de menor mantenimiento y, sobre todo, reducen transacciones que mejoran la gobernabilidad de los territorios. Los sistemas híbridos con respaldo diésel también son una buena opción.
A las personas que ya cuentan con acceso a energía, se les puede mejorar la calidad de vida a través de sistemas de generación distribuida limpia en las colas de circuito, donde el nivel de pérdidas es mayor. Y en el caso de poblaciones con pocas horas de servicio al día, las renovables permiten ofrecer una disponibilidad de 24 horas, cerrando la brecha y percepción de desigualdad.
La energía es un eslabón, un medio de desarrollo y un facilitador de necesidades básicas como acceso a agua, salud y educación. La implementación de estos proyectos debería incorporar cada vez más elementos clave como:
- Robustez tecnológica: confiabilidad, tecnologías probadas. Innovemos mejor del lado de los modelos de gestión y operación de los sistemas. Integremos tecnologías de información (IT) en todas las fases de los proyectos (planeación, montaje y operación).
- Enfoque productivo: uso de la energía para generación de ingresos. Hagamos a un lado la vieja concepción de que la única actividad rural productiva es la agricultura y que todo debe ser subsidiado.
- Apropiación local: planeación, gestión y operación conjunta con las comunidades. Ellos saben qué quieren y, sobre todo, conocen su territorio. El cómo se puede construir entre todos los actores. La autogestión es buena siempre y cuando parta de un proceso de acompañamiento de mediano y largo plazo, de lo contrario estamos creando un problema más.
Colombia se está abriendo a las energías renovables. El marco regulatorio está cambiando y es una oportunidad que se debe aprovechar. Con los elementos arriba descritos tal vez podamos comenzar a hablar de un contundente cierre de brechas, de desarrollo rural integral y por qué no, de gobernanza energética, de energía de paz.