El impuesto se estableció con el fin de resolver problemas ambientales en el país y en este año y nueve meses de recaudo la cifra supera los 700.000 millones de pesos, casi el doble que el presupuesto asignado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el 2019.
El presupuesto que le asignó el gobierno central al Ministerio de Ambiente se utiliza en inversión y funcionamiento y con él se debe financiar la operación de las entidades centralizadas del Sistema Nacional Ambiental (SINA), entre ellos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que cubre casi 28 millones de hectáreas y requiere de grandes gastos para lograr la efectividad de manejo. Así pues, sería muy útil contar con casi el doble de presupuesto para impulsar proyectos sostenibles en otras áreas prioritarias para el país.
Es de lamentar que por cambios hechos a la reforma tributaria en junio de este año, los recursos no hayan podido salir del Ministerio de Hacienda. Inicialmente, este impuesto fue concebido como un instrumento económico para cumplir lo pactado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en la Convención de Cambio Climático -COP 21- en París hace tres años, que incluían reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030.
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Al cobrarles a las empresas que contaminan el ambiente un impuesto de 15.000 pesos por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera, se recauda un monto importante para invertir en proyectos de mitigación del cambio climático. El gobierno anterior dispuso que el dinero ingresaría al Fondo Colombia Sostenible, pero el Congreso, al modificar el artículo 223 de la reforma tributaria, los dirigió al Fondo Colombia en Paz, que se quedaría con el 70% y le giraría el 30% restante al Fondo Colombia Sostenible.
Ahora se ha desatado una controversia que perjudica tanto al sector ambiental como al posconflicto, pues ninguno de los dos fondos ha podido acceder a los recursos porque al parecer no existen lineamientos concretos para la transferencia de esos recursos, que deberían quedar en proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial y ambiental. Varias voces expertas del sector ambiental como Manuel Rodriguez, exministro de Ambiente, dieron la alarma de que los recursos para enfrentar el cambio climático habían sido desviados hacia el posconflicto. Otros, piensan que no son temas excluyentes y que se pueden invertir los recursos en proyectos de posconflicto que tengan un componente de mitigación del cambio climático.
Para más información al respecto, lea la entrevista de El Tiempo con el director del Fondo Colombia en Paz, Juan Carlos Mejía.
