Mientras algunos expertos consideran que las subastas del sector eléctrico fueron un gran avance, otros las ven como un fracaso estruendoso.
Por un lado, no hubo adjudicaciones en la subasta de contratos de energía, a pesar de la participación de veintidós proponentes. Dos días después se llevó a cabo la subasta del cargo por confiabilidad, donde se asignaron obligaciones de energía firme por 1.398 megavatios (MW) a proyectos de energía solar y eólica.
¿Hasta aquí todo claro? Quizás para el 0.001% de la población. Esa es una de las razones por las que en el país hace falta más movilización ciudadana en torno a la política energética. La mayoría de medios de comunicación hablan de energía como si todo el mundo entendiera el lenguaje del sector, cuando es evidente que no, no lo entendemos, por eso no sabemos reaccionar cuando se toman malas decisiones, ni pedimos que se rindan cuentas, ni exigimos una mejor gestión.
Ahora que en el país empieza una transición hacia las energías renovables no convencionales esto tiene que cambiar, de lo contrario no habrá transición sino unos cuantos aportes de energía limpia a la red disfrazados de revolución energética. Los comunicadores y periodistas tenemos el deber de acercar al ciudadano de a pie a la política energética. Para hacerlo hay que empezar por el comienzo.
La energía es un servicio que se transa en bolsa
Para entender el mercado eléctrico hay que saber que la electricidad es un servicio que se transa en tiempo real. Cuando los colombianos más usamos energía –típicamente alrededor del medio día y al inicio de la noche– se le exige a la oferta que satisfaga esta demanda.
El precio del kilovatio/hora se negocia todos los días en la bolsa, según las leyes de oferta y demanda, aunque con intervención del estado por medio de mecanismos definidos en la regulación –valga decir excesiva– del mercado eléctrico. Así las cosas, todos los días, para que el consumidor final pueda prender la luz, los agentes generadores (aproximadamente 75 en el país) deben declarar cuánta electricidad real podrán venderle a los comercializadores durante las próximas veinticuatro horas.
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Así que, de cierta manera, todos los días hay una subasta de energía en el país puesto que el precio de la electricidad se forma en la bolsa. Y como los precios no son estables, el mercado se sirve de un sistema financiero para estabilizarlo por medio de contratos bilaterales de compraventa de energía a largo plazo.
La subasta de contratación a largo plazo que se llevó a cabo el 26 de febrero buscaba adjudicar precisamente ese tipo de contratos, pero el objetivo no se logró, y en consecuencia, expertos como el senador José David Name, autor y ponente de la Ley de 1715, concluyeron que “en Colombia no sabemos hacer subastas de energía”.
Era una oportunidad histórica… que se repetirá dentro de poco
De haberse adjudicado algún contrato, este se hubiese celebrado entre un generador y un comercializador de energía, con la condición de que la planta que generase esta electricidad fuese nueva y, preferiblemente, utilizase fuentes renovables no convencionales. La otra condición era que la capacidad instalada de dicha planta (piense en caballos de fuerza) tenía que ser igual o mayor a 10 MW.
Esta subasta, que para el senador Name dejó “solo frustraciones y cero adjudicaciones”, hubiese podido adjudicar, según el parlamentario, hasta “1.000 megavatios hora/año por 12 años, pero desde su diseño la CREG definió unos indicadores de competencia excluyentes y desbalanceados”. ¿Indicadores de competencia? El senador se refiere a los criterios de concentración y dominancia que no se cumplieron, en su opinión, gracias a “un mal diseño de la subasta” por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
En efecto, el problema no fue la oferta, pues a la cita asistieron 22 proponentes que, según la ministra de Minas y Energía, representaban con sus proyectos una capacidad instalada de 1500 MW. Pero la existencia de oferentes por sí sola no debe bastar para adjudicar los contratos. Si no se estudia el efecto de la subasta en la concentración del mercado, este podría terminar en manos de unos pocos jugadores.
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Hay que reconocer que el espíritu de las subastas es eliminar las barreras de acceso al mercado eléctrico permitiendo que compitan empresas interesadas en generar electricidad. ¿Fueron entonces desbalanceados y excluyentes –como afirma el senador Name– los indicadores de competencia que estableció la CREG? Quizás no fueron perfectos, pero tampoco malintencionados.
En un estudio sobre el mercado eléctrico colombiano, los investigadores Carlos Franco, Lorena Cadavid e Isaac Dyner señalan que, “de las 104 empresas registradas como comercializadoras, 3 de ellas (Isagen, EPM y Emgesa) participan en el 70,2% del mercado”. Asimismo, argumentan que la generación en Colombia se caracteriza por una concentración moderada.
Entre los comercializadores que participaron en la subasta hubo empresas grandes como Enel, Codensa, Emgesa y medianas como las electrificadoras del Meta y Nariño. En resumidas cuentas quienes hicieron presencia fueron, en su mayoría, los agentes tradicionales, que buscan ampliar su portafolio adjudicándose la compra de energías renovables no convencionales. Aunque estos actores tienen el derecho de participar, hubiese sido bueno para la competitividad ver empresas públicas o privadas que le apostaran en un ciento por ciento a la comercialización de energía limpia.
Cabe destacar que uno de los aspectos positivos de esta subasta fue que la vigencia de los contratos pasó de uno o dos años a un máximo de doce años, cosa que, según la analista Ángela Cadena, profesora de la Universidad de los Andes, “choca con la cultura de los agentes tradicionales”.
Por todo lo anterior –y a pesar de que no hubo adjudicaciones– la subasta fue positiva. En primer lugar por el número de proponentes y en segundo lugar porque, en medio de todo, se está buscando que la transición energética invite nuevos actores y cambie las reglas del juego.
Apuntan en esta dirección los comentarios del director de la Asociación de Energías Renovables, Germán Corredor, quien reconoce que el país se encuentra en un proceso de aprendizaje y que se pueden mejorar algunos aspectos con miras a la segunda subasta, que está programada para llevarse a cabo en junio.
El otro round
La segunda subasta fue la del cargo por confiabilidad. El cargo es una compensación para subsanar el costo de producir energía en tiempo de escasez. La resolución 071 de 2006 de la CREG introduce el mecanismo y junto a él la figura de las Obligaciones de Energía Firme, que en palabras de Franco, Cadavid y Dyner, “son una opción de compra mediante la que el generador que la obtiene se compromete, a cambio de una prima, a entregar al mercado una cantidad de energía equivalente al valor que se adjudica cada vez que el precio de bolsa supere un precio de ejercicio, denominado precio de escasez”.
Es decir, cuando las condiciones de generación son críticas y el costo de producir la energía es mayor, por ejemplo durante un fenómeno del Niño, en el caso de las hidroeléctricas, el cargo por confiabilidad asegura que este sobrecosto no se traslade al mercado. En últimas, lo que busca el cargo por confiabilidad es que los colombianos tengan energía confiable en el largo plazo, incluso con diferentes escenarios de incertidumbre.
Es la primera vez que una subasta de este tipo asigna cupos de generación a proyectos de energía limpia no convencional –seis de energía eólica en La Guajira (1.160 MW) y dos de generación solar en el Cesar (238 MW)– garantizando energía a menores costos.
Según la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, la asignación para este tipo de proyectos representa un 6 % del total de la subasta, que asignó 250,5 gigavatios hora/día, 24 gigavatios hora/día por encima de la demanda esperada en 2022-2023. Esto garantiza que, aún en un panorama de escasez, habrá suficiente oferta para cubrir la demanda. Además, estos proyectos permitirán ampliar la capacidad instalada del parque generador en 4.010 MW, cifra que representa un aumento del 23 % con respecto a la capacidad actual.
No cabe duda de que el gobierno sí se toma en serio la transición energética y quiere que el mecanismo por el que entrará energía limpia no convencional a la matriz ayude a democratizar el mercado, que en su trayectoria ha excluido tecnologías y agentes nuevos. Las subastas no deben rendir su espíritu democratizante al objetivo de adjudicar MW a como dé lugar. Si ya esperamos lo más, podemos esperar lo menos.
