Dos decisiones tomadas la semana pasada demuestran que es necesario reforzar la transparencia del sector energético.
La primera es la de la Contraloría General de la República, que ordenó un control excepcional del contrato adjudicado al consorcio constructor de Hidroituango, liderado por la empresa brasileña Camargo Correa, que en el pasado ha sido sancionada e investigada en su país.
El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras se pregunta, en su columna de El Tiempo “Hidroituango: ¿sabremos la verdad?” si la evaluación de riesgos fue suficiente y si hubo conductas ilegales en la ejecución del contrato.
Dada la polvareda que ha levantado el proyecto, que tiene implicados a dos gobernadores de Antioquia y a dos alcaldes de Medellín, es acertada la decisión de la Contraloría de investigar al consorcio, y de la Procuraduría, que vinculó a la investigación a la junta directiva de EPM y puso a cargo de la Superintendencia Financiera la averiguación sobre si hubo o no un ocultamiento ilegal de información.
En torno a la catástrofe social, ambiental y económica de Hidroituango aún faltan muchas cosas por esclarecer, empezando por el tamaño de la gota que rebosó la copa: el colapso, hace nueve meses, del tercer túnel de desvió, que obligó a inundar la casa de máquinas.
¿Por qué se aprobó aquel ‘plan de aceleramiento’ que minimizó la gestión del riesgo y por qué EPM decidió construir el túnel, sin licencia ambiental, a pesar de que no era parte del diseño original de la obra y de que “tanto los asesores internacionales como la interventoría y la propia empresa Hidroituango” estaban en desacuerdo, como señala Vargas Lleras?
Los colombianos –empezando por las 20.000 familias de pescadores afectadas por el descenso del caudal del río Cauca– merecemos respuestas a estas inquietudes.
La segunda decisión fue la que tomó la Comisión de Expertos conformada por el Ministerio de Minas y Energía para el Estudio del fracking. En tiempo récord (menos de tres meses) los 13 expertos dieron una serie de recomendaciones (no vinculantes) al gobierno para iniciar pilotos de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales.
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A pesar de las conclusiones de la comisión el debate del fracking no está resuelto. Podría resolverse en la medida en que: 1) se levante la información biofísica necesaria para conocer los riesgos en torno a la explotación de cada yacimiento (cada territorio es distinto); 2) se identifiquen las tecnologías que, en teoría, serían capaces de mitigarlos y; 3.) se aclare el riesgo y se pacte la distribución de beneficios con las comunidades.
Dejando a un lado el debate, la comisión hace unas recomendaciones bien interesantes en cuanto a la capacidad institucional para llevar a cabo esta técnica de explotación de hidrocarburos.
Juan Pablo Ruiz, vocero de la comisión, señala que es prioritario que las instituciones cumplan la ley de transparencia e información pública. En tal sentido el gobierno debe de ajustar su institucionalidad para que el seguimiento, la evaluación y el monitoreo –actividades que desaceleran el ritmo de la construcción y la producción– prevengan situaciones lamentables como la de Hidroituango.
Asimismo, la comisión recomienda crear un mecanismo obligatorio para que tanto las entidades como los operadores petroleros entreguen a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la información requerida para valorar con suficientes elementos si se debe dar o no una licencia ambiental.
Sin lugar a dudas, es una recomendación inteligente, que ayudaría a llenar el vacío de información pública sobre acuíferos y sismicidad, una de las razones por las cuales la Alianza Colombia Libre de Fracking sostiene que se debe prohibir la técnica en todo el país.
Ahora la pregunta que se hace el diablo: ¿quién asegura que el proponente del proyecto, que tiene bajo su responsabilidad el estudio de impactos ambientales, según lo establece el decreto 2041 de 2014 sobre licencias ambientales, va a presentar la información completa y sin sesgos ante la Anla?
¿Por qué no pensar en una entidad que se encargue de realizar los estudios de impacto ambiental y se los cobre al proponente del proyecto? Trabajaría con la información que ella misma recogería en campo y la que aporten tanto las empresas como las comunidades.
Sería una entidad adicional a la Superintendencia de Asuntos Ambientales y Minero-Energéticos que propone la comisión de expertos para tramitar los reclamos de la ciudadanía, acostumbrada a ver los millones de dólares invertidos en sus territorios pasar de largo. Sería, también, una manera de balancear la asimetría que existe en los contextos de licenciamiento ambiental para grandes obras o proyectos.
