Inundaciones en Montería, Córdoba: el costo humano de la abundancia hídrica. Foto: EFE / Carlos Ortega
Nos salvamos.
Pero no fue una buena noticia.
Colombia evitó un estrés energético gracias a la lluvia. A comienzos de 2026, los embalses superaron el 76% de su capacidad útil y la generación hidráulica volvió a sostener el sistema eléctrico. La energía fluyó. El riesgo inmediato se alejó.
Pero ese respiro tuvo un costo.
Y muy caro.
En la misma temporada que llenó los embalses, el país registró más de 600 emergencias asociadas a lluvias y más de 155.000 familias afectadas. Inundaciones, movimientos en masa, carreteras destruidas, pérdidas agrícolas. Departamentos como Córdoba, Antioquia y Chocó reportaron afectaciones severas. El embalse de Urrá I superó el 102% de su capacidad, obligando vertimientos mientras comunidades aguas abajo se inundaban.
La paradoja es brutal: el agua que sostuvo la energía produjo tragedias.
No es un balance positivo.
Es una advertencia.
Colombia sigue dependiendo del agua. Cuando llueve, el sistema parece sólido. Cuando no llueve, aparece la fragilidad. El IDEAM ha advertido señales de un periodo seco hacia el segundo semestre de 2026, con reducción de lluvias y presión sobre los embalses.
Exceso y escasez.
Sin gestión intermedia.
Aquí está el problema estructural: el país no maneja el agua. La deja correr.
Colombia recibe en promedio más de 2.600 mm de lluvia al año, con regiones que superan los 6.000 mm, entre las más lluviosas del planeta. Sin embargo, el tratamiento de aguas residuales apenas supera la mitad del total generado, el reúso es marginal y la infraestructura de almacenamiento sigue siendo limitada. El exceso se convierte en desastre. La escasez, en crisis.
No almacenamos.
No reutilizamos.
No planificamos.
Y cuando la tragedia llega, el golpe es doble.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —la entidad llamada a prevenir y responder— quedó envuelta en uno de los escándalos más graves recientes: recursos cercanos a 1,4 billones de pesos bajo cuestionamiento, la compra de 40 carrotanques por 46.800 millones con sobrecostos estimados entre 16.000 y 20.000 millones, y contratos irregulares que, según investigaciones, comprometen al menos 92.000 millones. La Contraloría ha estimado que el impacto de la corrupción podría superar los 60 millones de dólares desde 2022.
Mientras el país se inunda, el dinero para prevenir emergencias se diluye. Recursos que pudieron traducirse en prevención, infraestructura y resiliencia. Hoy son parte del problema.
La lluvia llenó los embalses.
Pero inundó territorios.
La energía se estabilizó.
Pero miles de familias lo perdieron todo.
Y la institucionalidad que debía protegerlas también falló.
Eso no es éxito. Es improvisación.
Y, sin embargo, desde el discurso oficial se insiste en presentar la política energética como un logro. La realidad técnica muestra otra cosa: una matriz aún atada al agua, una diversificación que avanza más lento de lo anunciado y una gestión hídrica prácticamente inexistente. Sin planificación estructural, los resultados quedan sujetos al clima, no a la política pública.
Confundir una temporada lluviosa con un logro de política energética no solo es equivocado. Es peligroso.
El sistema eléctrico sigue condicionado por el clima. La matriz continúa concentrada y la diversificación avanza más lento de lo necesario. Cuando los embalses bajen, el margen de maniobra será estrecho. Y entonces el país descubrirá que dejó pasar millones de metros cúbicos sin convertirlos en resiliencia.
Colombia necesita tratar el agua como infraestructura estratégica: almacenamiento, reúso, regulación, planeación territorial y diversificación energética real. No como reacción a la emergencia, sino como política de Estado.
Hoy el país se salvó energéticamente.
Pero lo hizo a costa de más tragedias.
Y un sistema que necesita el desastre para funcionar fracasó.
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Fuentes: IDEAM; XM; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Contraloría General de la República; Ministerio de Vivienda; informes oficiales y reportes institucionales 2025–2026.
