El sector energético, y en general el empresarial, requiere de una contundente simplificación tributaria para mejorar su competitividad e incentivar la inversión en Colombia. IVA, renta y cuatro por mil son algunos de los ajustes requeridos.
Por Andres Taboada, exdirector de Energía del Ministerio de Minas y Energía, expresidente de la Cámara Colombiana de la Energía y Consultor en +Wert
Desde mi actividad profesional actual que se enfoca en la identificación y estructuración de oportunidades de inversión en el sector de energía eléctrica, quiero referirme en esta ocasión a una de las más grandes dificultades que enfrentamos al momento de convencer a los inversionistas extranjeros de apostar por proyectos de generación de energía en el país: nuestro –extremadamente complicado– sistema tributario.
Países como Irlanda o nuestros asociados y competidores en la Alianza del Pacífico como Chile y Perú son ejemplos a seguir. Estas naciones han desarrollado sistemas tributarios simples y eficientes que no ahuyentan a la inversión extranjera y en cambio promueven el emprendimiento, la generación de empleo y la libre competencia.
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En épocas de reformas tributarias o “leyes de financiamiento”, actuando como emprendedor con ganas de generar empleo, o representando a los inversionistas nacionales y extranjeros, me tomo la libertad de hacer una lista de deseos de lo que debiera ser nuestro sistema tributario:
- IVA del 10% a todos los bienes y servicios que se trancen en el mercado nacional por empresas nacionales o extranjeras, sin exenciones o exclusiones.
- Desaparición del impuesto al consumo para el régimen común y reemplazarlo por el IVA mencionado.
- Una sola tasa de impuesto de renta que no pase del 25% para las empresas, sin exenciones o exclusiones.
- Desaparición de impuestos como el Gravamen a los Movimientos Financieros (el infame 4×1000), las estampillas «pro» universidad o “pro” hospital, entre otras, el impuesto de timbre y otros que encarecen la contratación transparente y encarecen el funcionamiento del Estado.
- Desaparición de todos los demás parafiscales destinados a financiar actividades que no estén relacionadas con la capacitación de la fuerza laboral del país.
- Las personas naturales que paguen un servicio de medicina prepagada no tendrían que pagar una EPS por separado. Podrían hacer un aporte similar al sistema de salud como se hace en pensión con el Fondo de Solidaridad Pensional.
- El salario mínimo debe ser horario y no mensual. De esta forma los emprendedores pueden contratar empleados a tiempo parcial, generando más empleos. De igual manera, los empleados pueden repartir su tiempo entre varios empleadores con el fin de completar los ingresos que les aseguren la subsistencia.
- Los trabajadores por cuenta propia que no tengan contratos de prestación de servicios u obtienen contratos por jornales o por períodos cortos de tiempo, deben tener la posibilidad de no perder los beneficios del SISBÉN si no superan un mínimo de jornadas laboradas durante el año o semestre inmediatamente anterior. De esta forma se ayuda a la formalización de trabajadores por jornales en el campo y la ciudad.
- Las empresas pueden escoger el trimestre en el cual harán su cierre fiscal. Esto con el fin de descongestionar los sistemas de la DIAN y optimizar la capacidad de trabajo de los asesores contables y contadores.
- Obligar a las secretarías de hacienda locales a unificar sus sistemas de reporte de información exógena con la DIAN con el fin de no duplicar labores al interior de las áreas contables de las empresas.
Considero que éstas son 10 propuestas realizables y que, previa verificación de los expertos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, se debería validar el impacto fiscal de las mismas.
Al terminar de escribir esta corta nota, recuerdo algunos dichos que me animan a publicarla, como «soñar no cuesta nada» o «pedid y se os dará», razón por la cual oso a hacer públicos estos deseos.
