El Gobierno Nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Agente Especial designado por esa entidad están a punto de desperdiciar una oportunidad de oro para solucionar la crisis en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la costa.
Si se repite el modelo que se implantó a finales de los años noventa, cuya ineficacia ha quedado demostrada, seguirá existiendo el problema de la calidad y rentabilidad de la empresa que preste ese servicio.
Me atrevo a afirmar eso basándome en las siguientes razones:
- Los activos de distribución de Electricaribe tienen una valoración cercana a los USD $2.000 millones.
- Las necesidades de inversión en la red de Electricaribe para que alcance el estándar de calidad en el servicio que existe a nivel nacional suman otros USD $2.000 millones, que supuestamente hay que aportar en 10 años.
- La percepción de riesgo de cartera en la región durante el período de prestación del servicio por privados (Houston Electric + Electricidad de Caracas, luego Unión Fenosa y finalmente Gas Natural Fenosa) es muy alta, así la situación real no sea tan crítica como los operadores privados lo han pregonado.
- Una parte importante de la clase política y dirigente en la Región Caribe ha promovido la cultura de «no pago» y la del «tenemos derecho a que el estado nos regale la energía».
- Los fallos de las cortes sobre usuarios protegidos como acueductos, hospitales y otras entidades exacerban la cultura de no pago.
- El área de cobertura del servicio en la Región Caribe es comparable a la de países centroamericanos y del Caribe, lo que hace que los procesos de control de fraudes, atención de emergencias, administración y cobranzas sean muy engorrosos y costosos.
- La Región Caribe concentra la mayor parte de usuarios de estratos 1 y 2 en el país, así como de usuarios subnormales. Por lo tanto, cuando hay atraso en el pago de los subsidios del FSSRI (al que me referí en mi entrega pasada), el faltante de caja de la comercializadora de energía en la región se mide en los varios cientos de miles de millones de pesos.
Entonces, ante semejante panorama de riesgos, ¿quién en sus cabales tomará la decisión de invertir el equivalente a los USD $4.000 millones?
La tarea del Agente Especial (y en este caso Liquidador) es vender los activos al mayor valor posible, pagar las acreencias vigentes al momento de la intervención y, si sobran recursos, reembolsarlos al dueño original. No está dentro del alcance de sus atribuciones de Agente Liquidador hacer que el nuevo esquema de prestación del servicio sea viable.
Esta tarea corresponde al Ministerio de Minas y Energía como rector de la política energética, el regulador (CREG) y quienes constitucionalmente tienen la obligación de garantizar la prestación del servicio, que son los municipios. Esa interacción es la que no hemos visto en estos largos meses de intervención con fines de liquidación de Electricaribe, que se han convertido en una larga agonía sin que se vea la luz al final del túnel.
En este tiempo han llovido las críticas, pero hemos escuchado pocas propuestas para salir de la crisis. Arrojo algunas, necesariamente arriesgadas y ambiciosas.
El nuevo esquema de prestación del servicio de energía eléctrica en la costa debería de construirse sobre los siguientes fundamentos:
- Desvincular la actividad de distribución de la actividad de comercialización de energía eléctrica. Esto permitiría a quien adquiera los activos de distribución concentrarse en invertir en la infraestructura con el fin de mejorar rápidamente la calidad en la prestación del servicio, sin tener riesgos comerciales de cartera que afecten las decisiones de inversión en calidad y cobertura de la red.
- Lo anterior debe complementarse con la instalación de medidores inteligentes, tele gestionados, con posibilidad de prepago y propiedad de la empresa distribuidora de energía.
- Hay que abrir el mercado de comercialización a todos los participantes que quieran entrar al mismo, siempre y cuando ofrezcan las garantías de pago a la empresa distribuidora. Con esto los comercializadores pueden escoger uno o varios segmentos en los cuales especializarse y volverse más competitivos y sólidos financieramente.
- Todos los usuarios de estratos residenciales subnormales, 1 y 2 deberán operar bajo la modalidad prepago, como lo propuse en mi artículo anterior.
Lea: Hay que mejorar el esquema de subsidios de energía y gas
- El MME debe escoger dos o tres empresas de propiedad mayoritaria de la Nación (Electrohuila, Electrocaquetá, EMSA, Cedenar, Dispac) para que sean el Prestador de Última Instancia (PUI) en aquellos segmentos poblacionales o geográficos que los comercializadores privados no están interesados en atender. En la actualidad dichas empresas atienden poblaciones en circunstancias económicas, sociales y de seguridad iguales o peores que las de la Región Caribe y, además de ser rentables en su operación, han desarrollado estrategias y herramientas para el manejo de la cartera y las conexiones ilegales.
- El 100% de la energía eléctrica para el bombeo de agua en la Región Caribe deberá provenir de generación fotovoltaica y/o eólica. El Fenoge y las regalías pueden proveer los recursos para estas soluciones.
Este revolcón al modelo de prestación del servicio propone alternativas de solución a muchas de las problemáticas que afectan la viabilidad técnica y financiera de la energía eléctrica en la Región Caribe.
